Hace semanas que la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi ha vuelto a poner en tela de juicio las relaciones comerciales y políticas que España mantiene con Arabia Saudí. La cuestión ha alimentado el debate entre la opinión pública española sobre si hay que mantener dichas relaciones o si, por el contrario, se deberían cancelar este tipo de acuerdos con un país donde los derechos humanos son ignorados. El dilema se ha tratado ampliamente y hay opiniones para todos los gustos. Pero lo que resulta contradictorio es que últimamente se haya centrado tanto la atención en las relaciones con el país árabe cuando, durante décadas, hemos estado vendiendo armamento a nuestro vecino del sur, Marruecos, quien vulnera también de forma sistemática los derechos más elementales de la población del Sahara Occidental, un territorio que ocupa militar e ilegalmente desde 1975.
El pasado 2 de octubre, el saudí Jamal Khashoggi, periodista muy crítico con la forma de gobernar del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, de dónde nunca saldría vivo. Después de semanas de investigación por parte de las autoridades turcas, el Gobierno de Riad no tuvo más remedio que reconocer los hechos aceptando que se asesinó al periodista dentro de las dependencias del consulado, aunque matizó algunos detalles y fue cambiando la versión de los hechos según pasaban los días para decir, primero, que la muerte fue a causa de una pelea que se fue de las manos y, después, que, efectivamente, Khashoggi había sido estrangulado dentro de la delegación consular en una operación de los servicios secretos “sin permiso” de las autoridades.
El hecho es que, después de las acusaciones de crímenes de guerra perpetrados por los saudíes en la guerra del Yemen, el caso Khashoggi echaba más leña al fuego en el debate sobre la idoneidad de mantener a Arabia Saudí como aliado de Occidente y propició reacciones en contra por parte de algunos gobiernos.
En España, el debate ya venía caldeado desde que, en 2015, se conoció la negociación de un contrato con la dinastía saudí en las que se acordaba la venta de cinco corbetas al país árabe. La empresa pública Navantia sería la encargada de la fabricación de estas embarcaciones en los astilleros de la compañía en San Fernando (Cádiz) por más 1.800 millones de euros. Desde entonces, las críticas a este acuerdo son contestadas por la puesta en riesgo de unos 6.000 empleos en la bahía de Cádiz.
En septiembre pasado, ni un mes antes del asesinato de Khashoggi, la polémica volvió a la centralidad política española cuando la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, paralizó la venta de bombas de precisión que España acordó vender a Arabia Saudí también en 2015, con Pedro Morenés al frente del Ministerio. Pero con el bombardeo de un autobús en Yemen a principios de este agosto pasado y que costó la vida a medio centenar de civiles, más de la mitad de ellos niños, la ministra decidió anular la venta de las bombas. No obstante, y apenas 48 horas después, la ministra fue desautorizada y se reactivó la venta en un intento del Gobierno Sánchez de aliviar el malestar que el anuncio generó en las autoridades saudíes, hecho que podía suponer la suspensión, por parte del Gobierno de Riad, del suculento negocio de las corbetas de Navantia.
Organizaciones no gubernamentales y otras entidades pacifistas y en defensa de los derechos humanos llevan tiempo reprochándole al Gobierno español que Arabia Saudí sea un socio preferente en el comercio con la industria militar. Pero ni la guerra en Yemen, ni los muertos en el autobús yemení en agosto, ni la ausencia de derechos humanos y libertades en Arabia Saudí han puesto tanto entre las cuerdas al Gobierno de Riad como el caso Khashoggi. No obstante, la dinastía de los Saud puede estar tranquila, pues sabe que, para sus socios occidentales, priman los intereses económicos.
En España, lo dejó bien claro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de octubre cuando salió a defender, ante el pleno del Congreso de los Diputados, la posición del Ejecutivo sobre la venta de las bombas a Arabia Saudí. Y lo justificó, una vez más, recordando que su cancelación supondría la suspensión del contrato de las cinco corbetas de Navantia y pondría en peligro esos miles de empleos directos e indirectos en la bahía de Cádiz.
España es uno de los principales exportadores de armamento y algunos de nuestros clientes son Arabia Saudí y otros países que, según la propia legislación vigente y los tratados internacionales, no deberían ser destinatarios de nuestra industria militar.
Pero como suele ocurrir, estos debates en la opinión pública responden a modas puntuales y hechos coyunturales que nos quieren mostrar los medios de comunicación, mientras estos mismos medios silencian otros conflictos que no son tan rentables mediáticamente o, por algún motivo en concreto, no interesa mostrarlos. Mientras tanto, poco valorado es el trabajo de organizaciones pacifistas o defensoras de los derechos humanos que profundizan en estos análisis y nos alertan de los peligros de este comercio armamentístico. Pero la gran masa de la ciudadanía tiene otra dinámica mucho más inmediata, olvidadiza e inconsciente. Y esto la convierte en cómplice.
De esta manera, poco importa si España comercializa armamento con Arabia Saudí si de ello sacamos una buena tajada, aunque esto conlleve no solamente legitimar la política represiva del Gobierno de Riad, sino también permitir que las armas que les vendemos sean utilizadas en la guerra que abandera contra los hutíes en Yemen, su país vecino y el más pobre del mundo árabe.
Pero España establece este tipo de acuerdos con otros países y regímenes que también vulneran los derechos humanos o que pueden estar utilizando las armas que les vendemos para campañas bélicas en las que son acusados de cometer crímenes de guerra. Lo vemos en los ejemplos con los casos de Catar, Israel, Egipto, Marruecos o Turquía, países con quienes comercializamos armas y reciben este tipo de acusaciones.
El caso de Marruecos es especialmente significativo, puesto que es un país a quien España le ha estado vendiendo armas durante años mientras mantenía una guerra abierta con los saharauis entre 1975 y 1991 después de que el Reino marroquí invadiera, en 1975, lo que en aquel entonces era la provincia número 53 del Estado español.
En noviembre de aquel año, el dictador Francisco Franco estaba muriéndose y eso fue aprovechado por Hassan II para hacer entrar la Marcha Verde y al ejército marroquí en el Sahara español. Con Franco en el lecho de su muerte, el Gobierno de Arias Navarro optó por centrarse en la transición del régimen y abandonar el Sahara Occidental entregándole el territorio a Marruecos y Mauritania y firmando los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975, unos acuerdos de los que esta misma semana se han cumplido 43 años y cuya validez nunca ha sido reconocida por Naciones Unidas, para quien España sigue siendo la potencia administradora del territorio tal y como establece la legislación internacional.
En 1979, la ONU aprobó la resolución 34/37 en la que condenaba otra vez la invasión del Sahara Occidental y deploraba explícitamente la ocupación del territorio por parte de Marruecos “y la ampliación de esa ocupación al territorio recientemente evacuado por Mauritania”, país que no solamente firmó la paz con el Frente Polisario, sino que también reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ese mismo año.
Aunque los pobladores del Sahara Occidental eran ciudadanos españoles hasta, al menos, la entrega del territorio a los países ocupantes, los gobiernos postfranquistas financiaron a Marruecos a pesar de que éste perpetraba un auténtico genocidio contra la población civil saharaui. En los años ’80, por ejemplo, los gobiernos de Felipe González vendieron armas a Marruecos que serían utilizadas para reprimir y matar a los que un día habían sido conciudadanos del presidente socialista. Y no siendo esto suficiente para el presidente González, también financió la construcción del muro militarizado y sembrado de minas que aún separa el Sahara ocupado de los territorios liberados del Sahara Occidental.
Entonces, ¿a qué viene el debate que se está teniendo actualmente sobre las relaciones comerciales y políticas con Arabia Saudí cuando sabemos que hemos estado financiándole durante años una guerra a Marruecos y aún le vendemos armas mientras la represión es constante en el Sahara Occidental ocupado, territorio donde se vulneran de manera sistemática los derechos humanos?
Pero sin entrar en el campo de la ética y la moral de los gobiernos, observamos que España incumple su propia legislación a la hora de negociar con armamento. Para ello, nos remitiremos a la Ley actual sobre el comercio de armas.
Es la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, con la que el ejecutivo de Zapatero pretendía contribuir al impulso de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, una iniciativa que había empezado a andar unos años antes pero que no vería la luz hasta diciembre de 2014, cuando entró en vigor.
Primeramente, habría que aclarar que, como dice la propia ley en su artículo 3, se entiende como productos de “doble uso” como los que “puedan destinarse a usos tanto civiles como militares y que incluyen todos los productos que puedan ser utilizados tanto para usos no explosivos como para ayudar a la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos”.
Pero sin entrar a comentar todo el articulado de la Ley 53/2007, sí que hay que incidir especialmente en su artículo 8, que trata sobre la Denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y revocación de las autorizaciones. Más concretamente, en el apartado a) del punto 1 del artículo, dice lo siguiente:
1. Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, a las que se refiere el artículo 4, suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.
Pues si, como dice el artículo, no se pueden vender “material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso” a países en los que “existan indicios racionales” de que su uso pueda ser empleado “en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”, ¿qué hacemos vendiéndole este tipo de material a Arabia Saudí, que es acusada de cometer crímenes de guerra en la que guerra que lidera en Yemen, o a Marruecos, que, como el país arábigo, viola sistemáticamente los derechos humanos?
En el caso concreto de Marruecos, es conocido que el régimen de Mohamed VI ejerce una violencia extrema sobre la población civil saharaui en el Sahara ocupado. Además, la propia ocupación, por parte del Reino alauita, de un territorio que forma parte del listado de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, ya constituye, en sí mismo, una violación del derecho internacional. Y todo, en el contexto de un conflicto no resuelto que, desde el alto el fuego de 1991, se encuentra en una situación diferente a la paz.
En este mismo apartado del artículo 8 de la Ley, se dice que, “Para determinar la existencia de estos indicios racionales” de su uso potencial en las situaciones ya descritas, se tendrán en cuenta, entre otros, “los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas” y “la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos”. Pues parece que, para el caso de Marruecos, de poco sirven los trabajos de Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la misma Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), por poner tan sólo unos ejemplos y en cuyos informes se reitera, año tras año, la gravedad de la situación de los derechos humanos en el Sahara ocupado.
Y parece también que el Gobierno español insiste en ser cooperador necesario de la ocupación marroquí en el Sahara Occidental.
En 2016, Marruecos era, tras Irak y Arabia Saudí, el mayor comprador de munición española, aunque actualmente ha bajado un puesto y es el cuarto comprador por detrás de los Emiratos Árabes Unidos, adquiriendo granadas de mortero y munición antiaérea por 14,8 millones de euros según informó recientemente el periódico El País.
Pero el armamento adquirido está diversificado en diferentes categorías de material de defensa, donde encontramos productos y tecnología de doble uso, bombas, torpedos ligeros MK46, carros de combate y aeronaves con destino a las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, entre otros.
El Centre Delàs, un observatorio dedicado al estudio y análisis del desarme, el comercio de armas, los conflictos armados y la cultura de la paz, ha constatado que España ha estado vendiendo, en los últimos años, material de defensa a Marruecos en los siguientes términos:
*Datos en miles de euros
| 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2010 | 2011 |
| 16.824 | 11.134 | 113.900 | 31.118 | 2.512 | 1.530 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2.854 | 9.703 | 24.227 | 30.271 |
No obstante, hay cierta crítica por el secretismo y la falta de transparencia en algunas partidas en el negocio de las armas en general. En esta idea incide también la campaña Armas Bajo Control que llevan a cabo Amnistía Internacional, Oxfam Intermon, Greenpeace y Fudipau y en la que se denuncia que no existe total verificación del uso del armamento que vende España y que, en ocasiones, acaba en usos armamentísticos no apropiados.
Este tipo de comercio militar con estos países legitima sus regímenes. Quizá deberíamos exigirles más a nuestros gobiernos y, si deciden vender armas, que lo hagan de una manera más responsable, aunque la palabra responsabilidad relacionada con la venta armamentística parezca, en sí mismo, un oxímoron. Pero existen fórmulas para optimizar una planificación a más largo plazo que nos permita democratizar un poco más el negocio de las armas dentro de unos parámetros más acordes con el respeto a los derechos humanos.
También evitaríamos escenas como la de ver a unos trabajadores manifestarse en favor de la fabricación de armas y su comercialización con, por ejemplo, Arabia Saudí, como está ocurriendo en los de los astilleros de Navantia.
A estos trabajadores gaditanos, les ocurre una cosa muy parecida a la de otros paisanos suyos, los pescadores de la flota andaluza, quienes reclaman que se cumpla el acuerdo de pesca ilegal entre la Unión Europea y Marruecos. Este acuerdo incumple la legislación internacional vigente porque incluye, en dicho acuerdo, la pesca en aguas territoriales del Sahara Occidental, a pesar de que dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de diciembre del 2016 y febrero del 2018, establecen “que Marruecos y el Sahara Occidental son territorios distintos y separados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos.”
Este acuerdo de pesca, que es una ampliación del ya existente, prevé un aumento en las licencias otorgadas a la flota europea en la que faenarán hasta 92 barcos españoles, principalmente andaluces y gallegos, de un total de 128 comunitarios. Por su parte, Marruecos percibirá una contraprestación de 52 millones anuales, en lugar de los 40 millones del anterior protocolo.
Tanto la industria generada por los astilleros, donde también se fabrican buques de guerra, como la pesca, representan importantes sectores de la actividad económica de Andalucía y están consideradas como vitales para una región ya de por sí con un alto índice de paro pero que, con la crisis económica, ha visto descompuesto aún más su tejido social.
Con estos condicionantes, tanto las administraciones locales como la propia junta de Andalucía han hecho presión junto al empresariado y los sindicatos para que el gobierno del Estado acepte los contratos con Arabia Saudí, Marruecos o con quien haga falta con tal de que se mantengan los puestos de trabajo.
¿Y dónde quedan los derechos humanos, el medio ambiente, la paz y la solidaridad? ¿Por qué se les pone, a los trabajadores, en la tesitura de tener que escoger paz y ética o pan y trabajo? ¿No hubiera sido mejor haber previsto con tiempo suficiente una reindustrialización basada en el respeto a la propia ley española o europea y a los derechos humanos universales? Tiempo ha habido para una diversificación de la producción a años vista sin tener que llegar al extremo de tener que asistir a las exigencias de unos trabajadores para el mantenimiento de su puesto de trabajo, aunque eso suponga el sufrimiento de otras personas a muchos kilómetros. Porque ya hemos visto que, ante la paz o el pan, uno escoge el pan.
(*) Foto de cabecera: maqueta de mina antipersona, en la sede de la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas (ASAVIM) / foto: @lluisrodricap