Takbar Haddi lleva 33 días en huelga de hambre y su salud se deteriora camino de la fatalidad. Hoy ha sido la cuarta vez que ha sido hospitalizada desde que inició su abstinencia y, aún así, todo indica que esta madre saharaui pretende llegar hasta las últimas consecuencias, si es necesario, con tal de conseguir que el Gobierno de Marruecos le entregue el cuerpo de su hijo muerto a causa de una paliza de un grupo de colonos, la dejación de las autoridades marroquíes y la negligencia intencionada de personal médico en El Aaiún ocupado.
Ante este asesinato, el régimen alauita no solamente no ha iniciado una investigación neutral para esclarecer los hechos y circunstancias del crimen, sino que además se niega a entregarle a Takbar Haddi el cuerpo de su hijo para que ésta pueda reclamar la autopsia. Y todo esto ha ocurrido mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha decidido que la MINURSO continúe sin asumir las competencias necesarias para que esta muerte y el resto de violaciones de los derechos humanos que se cometen diariamente en el territorio ocupado se investiguen y sean objeto de observación y vigilancia por parte de la comunidad internacional.
Año tras año, y otra vez en abril, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución reiterando su apoyo a las negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos con el fin de llegar a una solución para el conflicto del Sahara Occidental que garantice al pueblo saharaui su derecho inalienable a la autodeterminación basada en los principios y fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas. Y así ha sido desde el fin de las hostilidades en 1991, cuando la ONU convenció al Frente Polisario para que sentara en la mesa de negociación prometiéndole un referéndum en el plazo de seis meses y que, 24 años después, el pueblo saharaui aún sigue esperando.
El Gobierno español le ha denegado recientemente el asilo político a Hassanna Aalia, el joven saharaui que, tras una farsa de juicio militar sin las mínimas garantías procesales, ha sido condenado en Marruecos a cadena perpetua por su participación en el campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik en 2010.
El pasado 19 de enero, el Ministerio del Interior notificó formalmente a Hassanna la denegación de asilo concediéndole un plazo de 15 días para que abandonara el país. Con esta denegación, el Estado español vuelve a incumplir, una vez más, la legalidad internacional y entrega de por vida a Hassana a las cárceles marroquíes donde le esperan la tortura y el más absoluto desprecio por los derechos humanos.
