Este 18 de marzo, se cumplen tres años del giro de guion que dio Pedro Sánchez en la política que España ha estado llevando a cabo tradicionalmente en la cuestión del Sáhara Occidental. Aquel día, la Casa Real marroquí hizo pública una carta que el presidente del Gobierno español había enviado al rey Mohamed VI en la que afirmaba que la propuesta de Marruecos para una autonomía en el Sáhara Occidental era «la base más seria, creíble y realista para la resolución» del conflicto. Esa noche, lejos de criticar las formas de la monarquía alauita en hacer pública la carta a través de un comunicado del Gabinete Real marroquí, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, confirmó lo expresado en ella y reivindicó “el inicio de una nueva etapa” en las relaciones entre España y Marruecos.
Quién iba a pensar que la acogida casi un año antes del presidente de la república saharaui, Brahim Gali, por parte del Gobierno de España para tratarle de la COVID-19 iba a desatar la furia de Mohamed VI y el posterior servilismo del Gobierno español ante el soberano marroquí, un hecho que supuso un acto de traición más, el más importante en décadas, del Estado español al pueblo saharaui.
El domingo 18 de abril de 2021, un avión medicalizado procedente de Argel aterrizaba en el aeropuerto de Zaragoza con un paciente de COVID-19 de 72 años a bordo. Nada más aterrizar, el enfermo fue trasladado en ambulancia unos 180 km hasta el hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos habiéndose registrado en el centro sanitario como ciudadano argelino y con el nombre de Mohammed Ben Battouche. Pero los mismos trabajadores del hospital sospecharon desde muy pronto de que el paciente no se trataba de un enfermo común, pues su ingreso se realizó en una atmósfera de cierta reserva por parte de la administración del centro y un trasiego de maletas nada normal.
Pronto la revista parisina Jeune Afrique, con muy buenos contactos con los servicios secretos marroquíes, reveló que la identidad real del paciente ingresado en el hospital San Pedro de Logroño era la de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, y explicó también que, en un primer momento, Alemania se había negado a acogerlo en su país y que fue el Gobierno de España, como segunda opción, quien accedió a brindar la atención médica correspondiente al líder saharaui.
España no pudo negarse a recibir al presidente de la RASD, pues Brahim Gali accedió a la nacionalidad española el 10 de diciembre de 2004, después de que la juez encargada del registro civil de Valencia dictara una providencia en la que ordenaba la inscripción de la “nacionalidad española de origen con valor de simple presunción” (hijo de extranjeros nacido en España) de “Gali Sidi-Mustafá Abdelyelil, conocido como Gali Sidi-Mustafa Sidi-Mohamed”[1], nacido en Smara en la época de la colonia española, concretamente el 16 de agosto de 1948.
Se acordó que el líder polisario utilizaría una identidad falsa para entrar en España y realizar su ingreso en un hospital, pues se quería evitar cualquier revuelo mediático que seguramente conduciría a una crisis con Marruecos, como finalmente así fue, no sirviendo de nada que el Gobierno de Pedro Sánchez adujera que los motivos de ocultar la acogida de Gali fueran de seguridad.
Desde un principio, el Gobierno español había tratado de llevar en secreto toda la operación de entrada de Gali en el país, así como la de su ingreso en un hospital, e incluso se buscó un centro sanitario en una ciudad pequeña, periférica y alejada del ruido mediático de las grandes urbes. Parecía que reunía los requisitos el hospital San Pedro, en Logroño, la capital de una comunidad autónoma, La Rioja, presidida entonces por Concepción Andreu Rodríguez, del PSOE.
Pero la revelación de Jeune Afrique sobre la verdadera identidad del misterioso paciente ingresado en el San Pedro de Logroño no dejó otra alternativa al Gobierno español que reconocer que había acogido a Brahim Gali. Fue la propia ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien salió a la palestra pública para explicar que se había acogido al secretario general del Polisario “por razones humanitarias”. Lo absurdo del asunto es que el Ejecutivo de Sánchez tuviera que justificarse por acoger al líder saharaui, y más, que lo hiciera por miedo a represalias por parte de Marruecos. Estas llegaron igualmente, pero antes el reino cherifiano hizo público su enfado a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, quien acusó al Gobierno de Sánchez de “maniobrar por la espalda”. Las relaciones bilaterales entre los gobiernos alauita y español, tan importantes en la colaboración en materia de migración y de lucha contra el terrorismo yihadista, estaban a punto de deteriorarse de manera significativa mientras los nueve partidos políticos con representación en el Parlamento marroquí emitieron un comunicado conjunto para censurar la actuación “inaceptable y provocadora” de España.
Por su parte, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) pidió la detención de Gali tan pronto como tuvo conocimiento de su entrada en España, acusándolo de ser el responsable de “atentados terroristas” contra trabajadores españoles de Fos Bucraa y pescadores canarios en aguas saharauis entre 1974 y 1986 en tanto que Gali había sido el primer secretario general del Frente Polisario en el momento de la fundación del movimiento de liberación, en 1973, así como ministro de Defensa desde la misma creación de la República Árabe Saharaui Democrática, en 1976, y durante todos los años que duró aquella primera guerra contra Marruecos (1975-1991). ACAVITE considera como “atentados terroristas” tanto los actos de sabotaje de la cinta transportadora de las minas de fosfatos de Fos Bucraa desde 1974 hasta 1986 como las operaciones perpetradas en el mismo período contra embarcaciones españolas que faenaban en aguas saharauis en plena guerra del Sáhara y en las que se tuvieron que lamentar algunas muertes.
Lo que obviaba ACAVITE en su argumentario es que la explotación de las minas de Bucraa y de los caladeros de las aguas del Sáhara Occidental por parte de empresas y barcos españoles, así como de otras nacionalidades que no fueran la propia saharaui, violaban el derecho a la soberanía de los recursos naturales de las poblaciones autóctonas, definido por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la Resolución 1803 (XVII), del 14 de diciembre de 1962, como el derecho de estas poblaciones a disponer libremente de sus recursos naturales. Este derecho tenía aplicación en el Sáhara Occidental durante todo el período al que ACAVITE hacía referencia en su acusación contra el líder del Polisario, un derecho que, por otra parte, tenía que ser respetado tanto por España y Marruecos como por cualquier empresa o embarcación que contribuyó en el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui durante aquellos trece años. Lo que ACAVITE no podía pretender ahora es calificar de atentados terroristas las actuaciones del Polisario en aquel período ni justificar ese expolio por parte de “víctimas” españolas mientras negaba, a la resistencia saharaui, su derecho a luchar por reivindicar la soberanía de su territorio y defender su legítimo derecho a sus recursos naturales.
La presencia de Gali en España brindó de nuevas oportunidades a los enemigos del Polisario en el país para que trataran de llevar al presidente de la RASD ante la justicia española, consiguiendo, por ejemplo, que se reabriese la causa de la querella por genocidio interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) en la Audiencia Nacional en 2007 contra 28 dirigentes del Frente, entre los que se encontraba su secretario general, y varios militares argelinos. Pero para los representantes del Frente Polisario en el Estado español y los defensores de la causa saharaui en todo el territorio, todas estas acusaciones contra el líder polisario estaban instigadas por Marruecos. El mismo Ramdan Messaoud, ex combatiente polisario que se pasó a Marruecos tras finalizar la guerra en 1991, fue nombrado por Mohamed VI como miembro del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS) el 25 de marzo de 2006, un año y medio antes de que ASADEDH promoviera la querella contra el Frente.
Tanto ASADEDH como el bloguero Fadel Mihdi Breica solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que decretara prisión inmediata para Brahim Gali para evitar que, con una eventual fuga del líder polisario, este terminara por no responder ante las respectivas querellas que habían presentado anteriormente. Pero Santiago Pedraz rechazó decretar prisión para Gali e informó que esa medida se podría solicitar el día 1 de junio siguiente, cuando estaba previsto que el líder saharaui declarase ante el tribunal.
Mientras tanto, y como había advertido el ministerio de Exteriores marroquí, para quien la decisión de las autoridades españolas de acoger a Brahim Gali no respondían a «una simple omisión», sino a «un acto premeditado, una elección voluntaria y una decisión soberana de España, de la que Marruecos toma nota» y de la que el reino alauita extraería «todas sus consecuencias», las relaciones entre el Gobierno marroquí y el español entraron en crisis. Una vez más, Mohamed VI, envalentonado por el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte del presidente Trump en los estertores de su primer mandato y los espaldarazos de algunos congresistas estadounidenses, lanzó un nuevo desafío contra España para mostrar su malestar por la acogida del líder del Polisario, a pesar de las razones “estrictamente humanitarias” que había esgrimido el Gobierno español para justificar la decisión.
El órdago lanzado entonces por el monarca alauita se produjo en la frontera con Ceuta el 17 de mayo de 2021, donde las que las autoridades marroquíes permitieron el paso de forma masiva a la ciudad autónoma, es decir, a territorio español, a una avalancha, en plena pandemia del COVID-19, de ocho a diez mil personas entre las que se contaban unos mil quinientos menores de edad. No todos los que cruzaron la frontera ilegalmente eran ciudadanos marroquíes, sino que había también algunos subsaharianos, pero tal como ocurrió con la Marcha Verde unos 46 años antes, esta invasión de una frontera española respondía a un chantaje de la monarquía alauita con la cuestión saharaui de por medio.
– En las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias que se tienen que asumir – llegó a declarar entonces Karima Benyaich, la embajadora de Marruecos en España.
A nadie se le escapa que el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara por parte de la primera Administración Trump sirvió para que el Reino de Marruecos ejerciera una fuerte presión no solo sobre España, sino también sobre la Unión Europea para que ambas abandonaran “la zona de confort” de la ONU en la cuestión saharaui, en palabras de las propias autoridades marroquíes, y para que secundasen los pasos del reconocimiento marroquí del presidente Trump sobre el Sáhara. Sin embargo, en esta ocasión, las autoridades comunitarias reaccionaron ante el uso político que el Gobierno marroquí hacía de la migración y el Parlamento Europeo adoptó una resolución rechazando el uso de menores no acompañados por parte de Marruecos para presionar a España.
Pero lejos de una respuesta firme y determinante por parte de España, la crisis migratoria se saldó con la devolución en caliente de miles de inmigrantes, la acogida de los que eran menores de edad, a quienes se les aplicó una cuarentena según la regulación vigente por la COVID-19, y una partida de unos 30 millones de euros aprobados por el Gobierno español el 18 de mayo destinados a apoyar a Marruecos en el control de su frontera. Ese mismo día, una ochentena de personas más consiguieron cruzar ilegalmente en Melilla la frontera entre los dos países.
El 19 de mayo, el Gobierno marroquí dio órdenes expresas de controlar la migración de personas desde su lado de la frontera y, al día siguiente, la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, que había sido llamada a consultas por ambos gobiernos, aseguró que no regresaría a su embajada en España mientras Brahim Gali permaneciera en territorio español. El líder del Polisario abandonaría España a principios del mes de junio para seguir su tratamiento en Argelia y no crear más problemas a España, pero Benyaich no regresaría a Madrid hasta marzo de 2022.
Antes de partir, Brahim Gali declaró ante Santiago Pedraz y el juez rechazó enviarlo a prisión, así como retirarle el pasaporte. La querella por genocidio fue archivada ese mismo mes de julio de 2021, considerando el magistrado que los hechos no solo estarían prescritos, sino que no se había acreditado la comisión del delito imputado y que los testimonios de los testigos se contradecían en sus afirmaciones. Desde Argelia, Brahim Gali se refería a las dos querellas contra él por genocidio, detención ilegal y torturas como acusaciones que responden a “motivaciones espurias de carácter político”.
Desde el estallido de la crisis con Marruecos, el Gobierno español hizo todo lo posible por restablecer las buenas relaciones con su vecino del sur, pero, para empezar, Pedro Sánchez tenía que dar muestras de su servilismo hacia el reino alauita y esto pasaba inefectivamente por entregar en bandeja de plata la cabeza de la ministra González Laya a Mohamed VI. Sánchez no dudó en cesar de su cargo, el 12 de julio, a la ministra responsable de haber gestionado el asunto de Gali. En su lugar, el presidente del Gobierno español ofreció la cartera de Exteriores a José Manuel Albares, a quien había nombrado embajador en París y ante el Principado de Mónaco en 2020. Pedro Sánchez sabía muy bien a quien ponía al frente del Ministerio, pues Albares estaba casado entonces con Hélèn Davo, jueza francesa y asesora de Emmanuel Macron, un vínculo con el que el nuevo ministro español logró tejer buenas relaciones con las autoridades de Marruecos.
A González Laya, por su parte, no se le terminaron los problemas derivados del asunto Gali con su marcha del Ministerio de Exteriores, puesto que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza decidió imputarla por la presunta entrada ilegal en el país del líder del Polisario, aunque, finalmente, en mayo de 2022, la Audiencia de Zaragoza decidió el sobreseimiento de la ex ministra en el caso.
Desde la toma de posesión de José Manuel Albares como responsable de la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España el 12 de julio de 2021, su ministerio trabajó a contra reloj para volver a tejer y mejorar las relaciones bilaterales que existían con Marruecos antes de la crisis migratoria desatada en Ceuta y, en menor medida, Melilla como chantaje de Mohamed VI tras la decisión del Ejecutivo español de acoger, en abril de 2021, y aunque fuera “por razones humanitarias”, al presidente de la RASD, Brahim Gali, cuando éste se encontraba enfermo por la COVID-19.
Pero con lo que no contaban el ministro y, ni mucho menos, Pedro Sánchez es que, el 18 de marzo de 2022, la Casa Real marroquí hiciera pública una carta que el presidente español había enviado al rey Mohamed VI en la que afirmaba que la propuesta de Marruecos para una autonomía en el Sáhara Occidental era «la base más seria, creíble y realista para la resolución» del conflicto. En la misma misiva, Sánchez reiteraba su «determinación para afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente la cooperación de la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico, con un espíritu de total cooperación” y expresaba que “todas estas acciones se llevarán a cabo con el objetivo de garantizar la estabilidad y la integridad territorial de los dos países”.
Según el comunicado del Gabinete Real marroquí, Pedro Sánchez trasladó también al monarca alauita que «España actuará con la absoluta transparencia que corresponde a un gran amigo y aliado» y que su país «siempre cumplirá sus compromisos y su palabra”.
Esa misma noche, el ministro Albares compadeció ante los medios de comunicación donde, lejos de criticar las formas del reino alauita de hacer pública la carta a través de un comunicado del Gabinete Real marroquí, confirmó lo expresado en ella y reivindicó “el inicio de una nueva etapa” en las relaciones entre España y Marruecos.
– España reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas – declaraba esa misma noche Albares en relación al conflicto del Sáhara Occidental – para encontrar una solución mutuamente aceptable, como ya ha venido haciendo España en las reuniones de alto nivel en 2008, 2012, 2015 y en línea con la Resolución 2602, por citar una de ellas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y, en ese sentido, España considera que la iniciativa de autonomía presentada en 2007 es la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferendo.
De esta forma, José Manuel Albares daba por cerrada la crisis con Marruecos desatada sobre todo por el ingreso en territorio español de Brahim Gali en abril de 2021, pero abría otra no solo en el seno de su Gobierno, sino también a nivel internacional con el Frente Polisario y Argelia.
Es por aquel apoyo de Rodríguez Zapatero al plan de autonomía marroquí de 2007 que no sorprende tanto el que le brinda actualmente el presidente Pedro Sánchez, también del PSOE, a pesar de las discrepancias existentes al respecto en el seno de su propio Ejecutivo, donde el socio minoritario de la coalición de gobierno, Unidas Podemos, siempre favorable al ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, criticó la declaración del Gobierno español, como lo hicieron también los socios de investidura del presidente, entre los que se encontraban Esquerra Republica de Catalunya (ERC), EH-Bildu o el mismo Partido Nacionalista Vasco (PNV). De hecho, no solo ningún otro partido con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados apoyó a Sánchez en su decisión, sino que tampoco todo el PSOE estuvo de acuerdo con darle la espalda a los saharauis.
Por su parte, el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el secretariado general del Frente Polisario publicaron, el mismo 18 de marzo, un comunicado en el que se afirmaba que la posición expresada en las declaraciones emitidas por la Casa Real marroquí y el Gobierno español “carece de credibilidad, seriedad, responsabilidad y realismo, ya que constituye una desviación peligrosa que viola la legalidad internacional, apoya la ocupación, alienta la agresión y la política de los hechos consumados, así como la huida hacia adelante, y pretende legitimar la represión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el saqueo de riquezas que Marruecos continúa realizando contra el pueblo saharaui”.
“Esto se produce en un contexto caracterizado por la gravedad que atraviesa el conflicto del Sáhara Occidental tras el estallido de la guerra en noviembre de 2020” y el estado de tensión en la zona “por la persistencia del Reino de Marruecos en sus políticas expansionistas y los planes para perturbar la seguridad y la estabilidad de la región”, continuaba el comunicado.
La posición expresada por el Gobierno español contenía, según el comunicado, “elementos de suma peligrosidad”, en especial la referencia a la propuesta marroquí como “la más seria, realista y objetiva” para resolver el conflicto, algo que, para la parte saharaui, es un “claro apoyo al enfoque unilateral, en contradicción con la legalidad y el derecho internacional y la libre práctica democrática por parte del pueblo saharaui en lo referente a su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia”. En el texto, se criticaba también al Ejecutivo español por ir más allá en sus declaraciones y referirse al acuerdo de “respeto a la integridad territorial de los dos países”, un posicionamiento que, en el contexto del conflicto del Sáhara Occidental, “no es sino una clara adopción de la tesis expansionista marroquí”.
Para la RASD y el Polisario, la posición adoptada por el gobierno Sánchez “afecta a cualquier posible papel de España en la solución del conflicto y en la descolonización del Sáhara Occidental” y se calificaba de lamentable que Madrid optase, una vez más, “por someterse al chantaje marroquí y disipar las esperanzas que existían” mientras alimenta la tensión.
“A pesar de todo ello”, continuaba el comunicado, “España no puede despojarse unilateralmente de sus responsabilidades jurídicas frente al Sáhara Occidental y su pueblo, ya que es la potencia administradora del territorio pendiente de descolonización. Tampoco puede dar la espalda a sus responsabilidades políticas, ya que es el principal responsable del sufrimiento del pueblo saharaui y, de hecho, de todos los pueblos de la zona, que hasta ahora no han podido disfrutar de la estabilidad debido a la herida sangrante que dejó España en 1975 y que sigue envenenando las relaciones de los pueblos y países de la región”.
El 9 de abril de 2022, el Frente Polisario emitía otro comunicado en el que informaba de la decisión de suspender sus contactos con el actual Gobierno español hasta que se adhiriese “a las resoluciones de legitimidad internacional que reconocen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación” mientras lo emplazaba a que respetase las fronteras de su país “tal como son reconocidas internacionalmente«.
El giro de Sánchez en relación al posicionamiento de España en el conflicto del Sáhara no se produjo ni un mes más tarde del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania el 24 de febrero de 2022. En aquella ocasión, Sánchez hizo una declaración en La Moncloa ese mismo día en la que el presidente del Gobierno español calificaba la invasión rusa sobre el territorio ucraniano de “una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania”, llegando a reclamar posteriormente y en numerosas ocasiones el cumplimiento de la legalidad internacional para reiterar su rechazo a la decisión de Putin de invadir Ucrania.
En el interior de una jaima en el desierto de Tinduf, una familia de saharauis refugiados permanecía sentada cenando frente a su televisor. Mohamed y Najla seguían atentos las noticias que llegaban desde Ucrania mientras sus hijos terminaban de comer y se apartaban de la mesa para juguetear entre ellos en un lado de la tienda. En la pantalla, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, volvía a aparecer, como en otras muchas ocasiones desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, para hablar de valores de paz y respeto al derecho internacional. Mohamed y Najla se miraron. No entendían tanta hipocresía. ¿Cómo podía el presidente español pronunciar con ese descaro esas palabras? ¿Cómo podía condenar tan reiteradamente al invasor ruso mientras apoyaba otra invasión, la de Marruecos sobre el Sáhara Occidental? ¿Cómo tenía el valor de salir y decir que su gobierno apoya al pueblo agredido, el ucraniano, mientras no dedica ni una pizca de consideración a los saharauis como otro pueblo también agredido, pero siendo además el de un conflicto del que su gobierno es directo responsable?
– ¡Quítame a ese ja’in[2] de ahí! – dijo irritada Najla, levantándose para acercar los enseres del té.
Mohamed, absorto en sus pensamientos, alcanzó con la mano el mando a distancia del televisor y logró apagar el aparato sin apartar la mirada del suelo. A la mañana siguiente, partía hacia el frente. Desearía no tener que ir. Además, sabe que la guerra que, desde 2020, enfrenta otra vez a los saharauis contra Marruecos no despierta la atención mediática que despiertan otras guerras ni saldrán en televisión presidentes de importantes potencias occidentales pidiendo su fin. Pero precisamente por eso creía en lo que iba a hacer al día siguiente. Ladeó la cabeza y observó a sus hijos en su último juego antes de irse a dormir, como había hecho él cuando tenía su misma edad allí mismo. En otra jaima, pero en el mismo campo de refugiados. No quería lo mismo para ellos. No les deseaba otros treinta años de engaño de la comunidad internacional ni medio siglo más de olvido. “Con el fusil, arrebataremos la libertad”[3], dijo para sí mismo mientras se enfrentaba a la última noche con su familia antes de dirigirse otra vez a la batalla.
[1] El País, de 23 de septiembre de 2021.
[2] Traidor.
[3] Eslogan que el Frente Polisario utilizó en sus inicios como movimiento de liberación del pueblo saharaui a partir de 1973.
(*) Foto de cabecera: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Rabat, el 7 de abril de 2022, respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación tras su encuentro con el rey de Marruecos, Mohamed VI. / Foto: Pool Moncloa – Borja Puig de la Bellacasa