El juez Ruz procesa a 11 altos cargos marroquíes por el genocidio en el Sahara

Fadret Leguiaa, región de Smara, febrero de 1976. Un grupo de pastores beduinos saharauis son detenidos por las fuerzas militares marroquíes mientras buscan agua para su ganado en un pozo cerca de Amgala. Tras ser preguntados por el Polisario y negar tener cualquier conocimiento de su paso por la zona, dos de ellos son ejecutados con un tiro en el pecho delante de Aba Ali Said Daf, que en aquel entonces contaba con unos 13 años. Otros del grupo corrieron la misma suerte minutos después.

Parcialmente sepultados los cuerpos, desde entonces no se ha tenido noticia de ellos hasta que, en 2013, tras más de tres décadas de resistencia al olvido, un pastor nómada tropieza con restos de los cadáveres de los ocho asesinados aquella tarde de 1976. A raíz de este hallazgo, Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria, de la Universidad del País Vasco, inician una investigación que, junto al testimonio de Aba Ali Said Daf, ahora ya un adulto, constituirán unas de las principales pruebas con las que el ya ex juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha conseguido procesar a 11 altos cargos marroquíes por el genocidio en el Sahara Occidental entre 1975 y 1991.

 

Más allá de ver cumplidas las demandas de los familiares de las víctimas y de que se atiendan sus derechos a la verdad, el duelo y la justicia, hasta ahora ignorados, la importancia del hallazgo de Beristain y Etxeberria es que constituye parte de los indicios probatorios que permiten corroborar la veracidad de las declaraciones de testimonios en el auto de procesamiento del juez Ruz, ya que los ocho cadáveres encontrados en Fadret Leguiaa están “plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que portaban entre sus prendas”, según se relata en el sumario. Pasaportes y DNI españoles encontrados entre los ropajes de las víctimas dan cuenta de la ciudadanía española de los asesinados.

dni-sahara
Fotografia de DNI español extraída del trabajo de Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria Gabilondo «Meheris. La esperanza posible» (2013)

Pero los informes del equipo de investigación y forense de Beristain y Etxeberria no son los únicos hechos concretos acreditados en los que se ha basado el juez Ruz para determinar que existen indicios serios y racionales de criminalidad contra los 11 procesados marroquíes. En la querella presentada por AFAPREDESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis) y otros, hay que sumar numerosos testimonios y víctimas que han formado parte de las diligencias de la instrucción, como los espeluznantes testimonios de detención y tortura de Hadram Abderrahman Bada, Mohamed-Buia Hosein o Brahim Mohamed Salem Omar, entre otros. Este último llega a relatar, entre otros hechos, que presenció cómo una mujer saharaui “dio a luz en la cárcel y al recién nacido le cortaron los dedos y se los trajeron después a la madre entre la comida”.

El auto del juez Ruz también cuenta con los testimonios de los activistas por los derechos humanos Aminetu Haidar y Sidi Mohamed Dadach, con los que se detallan sus años de cautiverio y torturas en las cárceles marroquíes.

Es significativo que, a pocos días de dejar su puesto en la Audiencia Nacional, el juez Ruz haya dictado el auto dando cierre a la instrucción de esta causa – que heredó de su predecesor en el cargo, el juez Garzón- porque obliga a mantener abierta la vía política en lo que respecta al conflicto del Sahara Occidental, ya que, les guste o no, el Gobierno español y el juez que releva a Ruz van a tener que cerrar de una forma u otra el caso. Y ello tendrá sus consecuencias en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, pero sobretodo añadirá una complejidad más en la pretensión del reino alauita del título de soberanía sobre el Sahara Occidental y que le es negado en virtud del Derecho Internacional.

Pero el auto del juez Ruz adquiere una mayor relevancia a nivel internacional porque recupera para España la justicia universal tal y como era antes de la reforma del actual Gobierno español, ya que ahora la competencia en justicia universal de los tribunales españoles está limitada a supuestos en los que haya víctimas de nacionalidad española o contra delitos cometidos en territorio español. Sin embargo, el juez Ruz trata de aplicar el principio de justicia universal sorteando los límites que establece la propia legislación española y devolviendo España a la senda de la justicia universal, de la que era pionera en aplicarla, como ya se vio en el caso de Pinochet o en los casos contra militares de la dictadura argentina.

Cualquier actuación en favor de aplicar el principio de justicia universal debería ser considerada un avance, pues supone entender la justicia desde su esencia, sin la perversión de las leyes políticas, y porque la justicia universal permite perseguir y juzgar delitos de genocidio y de lesa humanidad. Y justamente aquí radica la importancia del auto para el pueblo saharaui, ya que permite perseguir la práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada de su población.

La resolución judicial del juez Ruz supone un reconocimiento de justicia para las víctimas saharauis creando un precedente muy significativo para seguir juzgando casos de torturas, asesinatos y desapariciones de la población saharaui. Es por esto que la edición del FiSahara de este año, que está teniendo lugar estos días en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, concretamente en el campamento de Dajla, tiene como protagonistas a la justicia universal y a las víctimas de desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad. Para ello, el festival de cine cuenta con la presencia, entre otros, de la argentina Nora de Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, y el abogado Manuel Ollés, encargado ante la Audiencia Nacional de la causa por la cual el juez Ruz procesó a los 11 altos cargos y militares marroquíes.

Demostrar la culpabilidad de los procesados por el juez Ruz puede tener un incalculable valor para las víctimas saharauis y también puede acabar con el mensaje de impunidad que, desde la comunidad internacional, se les está mandando a otros responsables marroquíes.

(*) La imagen de cabecera del artículo es un detalle de la portada del trabajo de Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria «Meheris. La esperanza posible» (2013), y es una ilustración de Alonso Gil

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *