La crisis migratoria provocada por la entrada masiva de unas 72.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio ha vuelto a poner de manifiesto las aspiraciones expansionistas del denominado proyecto del Gran Marruecos, una concepción territorial que la monarquía alauita ambiciona desde la independencia del país en 1956. Desde entonces, Marruecos no ha ocultado sus pretensiones sobre determinados territorios de países vecinos y, en el caso de España, ha demostrado, en distintas ocasiones, que está dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para alcanzar sus objetivos. La Marcha Verde de 1975, que culminó con la retirada española del Sáhara Occidental, y la crisis migratoria de Ceuta y Melilla de 2021, tras la cual el Gobierno español modificó su posición respecto al conflicto del Sáhara, constituyen dos ejemplos significativos de esta estrategia.
En este contexto, la actual crisis de Ceuta podría interpretarse no como un episodio aislado, sino como un nuevo movimiento más dentro de una estrategia más amplia. Mohamed VI estaría tanteando, una vez más, los límites de la respuesta española ante unas reivindicaciones que, tanto en determinados sectores de la sociedad marroquí como dentro del propio aparato político del país, apuntan hacia un objetivo de mayor alcance: la incorporación de Ceuta y Melilla a Marruecos.
Tras la independencia de Marruecos en 1956, el flamante nuevo Gobierno marroquí – conformado por una coalición de varios partidos, entre los que el Istiqlal era la principal fuerza política – se enfrentaba a una cuestión que marcaría buena parte de su política exterior durante las décadas siguientes: la definición de sus fronteras y la recuperación de los territorios que una parte del nacionalismo consideraba vinculados históricamente al sultanato, la forma de gobierno de Marruecos antes de que el país se convirtiera en un protectorado francés y español en 1912.
En ese contexto, cobró fuerza la idea del proyecto conocido como el “Gran Marruecos”, una concepción territorial de carácter irredentista asociada principalmente al dirigente nacionalista Allal al-Fassi, líder del Istiqlal.
La idea no nació propiamente con la independencia del país en 1956. Al-Fassi había desarrollado sus tesis durante los años anteriores, especialmente en su exilio, partiendo de una interpretación histórica según la cual las fronteras de Marruecos debían recuperar los territorios que, a su juicio, habían quedado separados del reino como consecuencia de la expansión colonial francesa y española. El concepto mezclaba argumentos históricos, religiosos y políticos con una determinada interpretación de las antiguas áreas de influencia del sultanato marroquí.
El mapa del Gran Marruecos publicado por Al-Alam, órgano del Istiqlal, en julio de 1956 hizo visible la amplitud de aquellas aspiraciones. El territorio proyectado se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Senegal y comprendía, además del Marruecos independiente[1], Cabo Juby – que constituía el protectorado español del sur y que aún estaba en manos de España –, el entonces Sáhara Español, Ifni, Mauritania, amplias zonas del actual oeste de Argelia y áreas del entonces Sudán francés —el actual Malí— para hacer, del río Senegal, su frontera sur. En algunas representaciones se incluían también los enclaves españoles de Ceuta y Melilla[2].
La dimensión de aquella reivindicación era, por tanto, muy superior a la simple incorporación de las posesiones españolas situadas al sur del recién independizado Marruecos. Para los partidarios más radicales del proyecto, el país debía alcanzar unas supuestas “fronteras naturales e históricas” que llegaban hasta el Senegal. Al-Fassi llegó a defender públicamente que la frontera meridional marroquí debía situarse en el río Senegal, incorporando, como decimos, la totalidad del Sáhara Occidental, Mauritania y territorios del noroeste de Malí. Al este, la reivindicación alcanzaba amplias zonas del actual territorio argelino, entre ellas Tinduf y otras regiones saharianas.
Esta concepción tuvo una importancia especial porque coincidió con el momento de construcción del nuevo Estado marroquí. La independencia no fue interpretada por todos los sectores nacionalistas como el punto final de la lucha anticolonial. Para el ala más radical del Istiqlal, encabezada por Al-Fassi, la retirada de Francia y el reconocimiento de la independencia significaban únicamente la recuperación de una parte del territorio considerado marroquí. El objetivo pendiente era completar la “unidad territorial” mediante la incorporación de los territorios de ese Gran Marruecos que todavía permanecían bajo administración española o francesa.
Al margen de la monarquía cherifiana, se había fraguado un frente de liberación nacional a nivel regional que pretendía la expulsión completa de los franceses de todo el Magreb. Era el Ejército de Liberación (EL), que ambicionaba tanto la liberación de Argelia y de Mauritania como una república para Marruecos, pues entendía que la monarquía alauita favorecería los intereses coloniales franceses por encima de los de la población marroquí.
Sin embargo, los sectores más extremistas del Istiqlal trataron de utilizar su relación con el Ejército de Liberación para hacerle partícipe de las nuevas aspiraciones de la nación. A nivel diplomático, los emisarios internacionales del reino hicieron lo correspondiente en las altas instancias internacionales, como la ONU, donde Marruecos empezó a reclamar abiertamente para sí los territorios de Ifni, el Sáhara Español y Mauritania.
En este contexto, algunas tribus saharauis habían ido perdiendo la confianza en España como potencia colonial y, en consecuencia, habían ido engrosando las filas del Ejército de Liberación llegando a constituir su propia marca, el Ejército de Liberación Saharaui (ELS). Pero cuando, en 1957, fueron atacados simultáneamente Ifni y otros enclaves en el Sáhara Español, España reaccionó ante esta importante ofensiva del ELS sellando un acuerdo con Francia para llevar a cabo, en 1958, la Operación Ouragan (Huracán), más tarde denominada Écouvillon-Teide, una serie de operaciones militares conjuntas entre españoles y franceses contra las milicias de los movimientos de liberación nacional tanto en el Sáhara Español como en los países vecinos.
Los muertos en la batalla no fueron la única pérdida para los saharauis. Una vez asentada en la región la que se llamó la Paz de los Cementerios, marroquíes y españoles firmaron, el 1 de abril de 1958, el Acuerdo de Cintra, con el que se estipuló la entrega a Marruecos por parte de España de los territorios saharauis entre el río Draa y el paralelo 27° 40’ N, es decir, Cabo Juby, donde se encontraban las ciudades de Tarfaya — Villa Bens hasta entonces — y Tan-Tan.
Con el Acuerdo de Cintra, España mantuvo Ifni, declarada en 1958 provincia española de ultramar, aunque el territorio fue retrocedido más tarde a Marruecos en virtud del Tratado de Retrocesión firmado en Fez el 4 de enero de 1969.
Ya en los primeros años tras la independencia de Marruecos, la ambición territorial de la monarquía alauita fue trasladándose al terreno diplomático. Los representantes marroquíes comenzaron a defender ante las instituciones internacionales la “recuperación” de los territorios que Rabat consideraba vinculados históricamente al reino. La cuestión de Mauritania adquirió una importancia especial, hasta el punto de que Marruecos se opuso posteriormente a su plena independencia, en 1960, y mantuvo durante años una reivindicación sobre su territorio.
La pretensión marroquí, pues, alcanzaba, además de las posesiones aún españolas, zonas que habían quedado integradas en la Argelia francesa y en el África Occidental Francesa y que, con la descolonización, estaban pasando a formar parte de nuevos Estados independientes.
Esta circunstancia generó una contradicción fundamental. El nacionalismo marroquí presentaba el Gran Marruecos como una recuperación de territorios arrebatados por el colonialismo, pero aquellos mismos territorios estaban siendo reivindicados simultáneamente por sus poblaciones como parte de Estados surgidos del proceso de descolonización. Así ocurrió con Mauritania y Malí en 1960 y con Argelia en 1962. La desaparición de las fronteras coloniales no significaba, pues, para los nacionalistas marroquíes, que las nuevas fronteras debieran aceptarse automáticamente como definitivas.
El problema se hizo especialmente evidente con Argelia. La frontera entre ambos países había sido trazada y modificada durante el periodo colonial francés. Sin embargo, Marruecos consideraba que determinadas zonas del Sáhara argelino habían quedado injustamente fuera de sus límites. La disputa desembocó finalmente en la Guerra de las Arenas de 1963, apenas un año después de la independencia argelina.
La guerra no produjo grandes modificaciones territoriales, pero tuvo importantes consecuencias políticas:
- Marruecos no consiguió hacerse con Tinduf, que permaneció bajo soberanía argelina.
- Las relaciones entre Marruecos y Argelia quedaron profundamente deterioradas.
- El conflicto reforzó en Argelia la defensa del principio de intangibilidad de las fronteras heredadas del colonialismo.
- Contribuyó a consolidar la rivalidad entre ambos Estados por el liderazgo político del Magreb.
- Esta rivalidad tendría posteriormente una importancia fundamental en la cuestión del Sáhara Occidental, especialmente después de la retirada española del territorio en 1975.
Como vemos, el proyecto del Gran Marruecos y su aplicación práctica chocó con la consolidación de los nuevos Estados africanos y con el principio de integridad territorial que se erigió como uno de los pilares del proceso de descolonización.
El Gran Marruecos fue, en definitiva, mucho más que un simple mapa propagandístico. Constituyó una de las principales expresiones del nacionalismo territorial marroquí en los primeros años de la independencia y condicionó la política exterior del nuevo reino. Su importancia radica precisamente en que permitió conectar la lucha anticolonial con un proyecto de expansión territorial: si la primera etapa había consistido en expulsar a las potencias europeas, la siguiente debía completar, según sus defensores, la recuperación de todos aquellos territorios considerados parte de la nación marroquí.
Sin embargo, las reivindicaciones territoriales marroquíes se proyectaban sobre una realidad africana en plena transformación. Mientras Mauritania, Argelia y Malí defendían sus propias fronteras y España pretendía conservar sus territorios norteafricanos y saharianos, el proceso de descolonización impulsado en el continente por las Naciones Unidas se articulaba en torno al principio de la libre determinación de los pueblos.
El enfrentamiento entre estas dos concepciones —la de las “fronteras históricas” reivindicadas por el nacionalismo marroquí y la de las fronteras de los nuevos Estados surgidos de la descolonización — constituye uno de los elementos fundamentales para comprender los conflictos territoriales del Magreb durante las décadas siguientes. Entre ellos, el conflicto del Sáhara Occidental representa la manifestación más duradera y significativa de esta tensión, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.
El Sáhara Occidental
El conflicto del Sáhara Occidental se originó en el proceso de descolonización del entonces Sáhara Español y adquirió una nueva dimensión con la Marcha Verde de 1975 y la posterior ocupación militar del territorio por parte de Marruecos y Mauritania, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia había concluido, en su dictamen de 16 de octubre de 1975, que “el Tribunal no confirmaba la existencia de vínculo alguno de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental de una parte, y el Reino de Marruecos o el conjunto mauritano, de otra” y que, por tanto, continuaba el dictamen, el Tribunal no había constatado “la existencia de vínculos jurídicos que puedan modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) en lo referente a la descolonización del Sáhara Occidental y en particular a la aplicación del principio de autodeterminación, mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio”.
Sin embargo, la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid al margen de derecho internacional y de la doctrina de la ONU supuso la retirada de España y la división de facto del territorio entre los dos países ocupantes, dando paso a una guerra de liberación entre el Frente Polisario, que reivindicaba la independencia del Sáhara Occidental, y Marruecos y Mauritania.
Aquella guerra de resistencia entre el Frente Polisario y las dos potencias ocupantes se prolongó, con Mauritania, hasta 1978. En el acuerdo de paz de 1979 entre mauritanos y el Frente Polisario, se hacía mención explícita al respeto escrupuloso de los principios de la ONU y la Organización para la Unidad Africana (OUA) y Mauritania no sólo declaraba el abandono de sus reivindicaciones territoriales sobre el Sáhara Occidental, sino que también reconocía los “plenos derechos nacionales” del pueblo saharaui y del Frente Polisario como su legítimo representante.
Mauritania abandonó Dajla y el resto del territorio del Sáhara Occidental que había estado ocupando hasta entonces, excepto la ciudad de La Güera, donde dejó un contingente militar acordado en el tratado de paz para mantener la seguridad de la ciudad de Nuadibú, cuyo control le resultaba imprescindible por ser el puerto a donde arribaba el llamado Tren del Hierro desde Zuerat.
Marruecos, por su parte, ocupó el territorio saharaui que había dejado Mauritania, una zona que esta había llamado Tiris el Garbía, y se lo anexionó el 11 de agosto del mismo año, tan solo seis días después de la firma del acuerdo de paz entre mauritanos y saharauis.
Con Marruecos, sin embargo, la guerra continuó.
Un informe de la CIA alertó entonces a Occidente de que, si no se hacía algo al respecto, cualquier golpe definitivo por parte del Polisario podía hacía mover el trono de Marruecos, algo que inquietó sobre todo a Francia, principal proveedor y cliente del país magrebí. Para tratar de evitar una eventual derrota de Marruecos en la Guerra del Sáhara, se organizó en Rabat, en 1980, una reunión de varios agregados militares occidentales con el Estado Mayor marroquí para planificar la construcción de unos muros de contención de varios kilómetros de longitud que debían servir para detener las incursiones de los polisarios en el sur de Marruecos y las zonas del Sáhara Occidental controladas por las Fuerzas Armadas Reales (FAR) marroquíes. Los servicios de inteligencia israelíes contribuyeron en la ideación de estos muros defensivos que suponen actualmente la vasta barrera física de 2.720 km y que parten en dos, y de norte a sur, el territorio saharaui.
Desde los años ochenta, Marruecos ocupa la parte del Sáhara Occidental que se encuentra al este del llamado Muro de la Vergüenza, mientras que, al oeste, el Frente Polisario controla lo que se conoce como los Territorios Liberados.
Con el Plan de Paz aceptado por ambas partes en 1988, llega el alto el fuego de 1991 y la promesa de la celebración, en un plazo de seis meses, de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Sin embargo, la consulta jamás ha llegado a celebrarse. Marruecos fue torpedeando el proceso de paz desde un inicio hasta su fracaso definitivo en 2004.
En 2007, la monarquía alauita presentó ante las Naciones Unidas su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, una propuesta que se alejaba de la opción del referéndum de autodeterminación basada en el proceso auspiciado por Naciones Unidas y que contemplaba la integración del territorio a Marruecos.
Desde entonces, Marruecos ha situado su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí en el centro de su estrategia diplomática para resolver el conflicto del Sáhara Occidental y hacerse con el territorio. Rabat ha ido recabando, progresivamente con los años, algunos apoyos internacionales a su iniciativa, siendo uno de los primeros, ya en 2007, el del entonces presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que acogió con interés la propuesta marroquí, aunque manteniendo formalmente el principio de autodeterminación del pueblo saharaui sin modificar la postura oficial de España respecto al conflicto.
Pero el reconocimiento de mayor trascendencia fue el de Donald Trump en 2020, cuando reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental una vez había perdido ya la reelección como presidente de los EEUU y se encontraba a sólo seis semanas de abandonar la Casa Blanca. A cambio, el régimen marroquí establecería relaciones diplomáticas con Israel.
No obstante, el reconocimiento de determinados gobiernos a la soberanía marroquí o su apoyo al plan de autonomía no ha supuesto el reconocimiento internacional generalizado de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La cuestión continúa formando parte del proceso político auspiciado por Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad sigue reclamando una solución política que permita ejercer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Por ello, el marco de Naciones Unidas continúa siendo una de las principales bazas diplomáticas del Frente Polisario y de quienes defienden la autodeterminación del territorio.
El 13 de noviembre de 2020, Marruecos rompió el alto el fuego vigente desde 1991 y, desde entonces, los saharauis afrontan su segunda guerra de liberación del Sáhara contra Marruecos.
El antecedente de Ceuta
En abril de 2021, España acogió de manera discreta a Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para que recibiera tratamiento médico tras haber contraído la COVID-19. Gali fue trasladado a un hospital de Logroño bajo una identidad falsa para evitar cualquier revuelo mediático que seguramente conduciría a una crisis con Marruecos, como finalmente ocurrió tras haberse hecho pública la verdadera identidad del presidente saharaui.
España no podía negarse a acoger a Gali, pues el líder polisario había adquirido la nacionalidad española el 10 de diciembre de 2004. Sin embargo, la decisión provocó una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Marruecos consideró especialmente grave que España permitiera la entrada de Gali en el país y le proporcionara atención médica.
La tensión alcanzó su punto máximo el 17 de mayo de 2021, cuando las autoridades marroquíes permitieron el paso de forma masiva a la ciudad autónoma, es decir, a territorio español, a una avalancha, en plena pandemia del COVID-19, de ocho a diez mil personas entre las que se contaban unos mil quinientos menores de edad. No todos los que cruzaron la frontera ilegalmente eran ciudadanos marroquíes, sino que había también algunos subsaharianos, pero tal como ocurrió con la Marcha Verde unos 46 años antes, esta invasión de una frontera española respondía a un chantaje de la monarquía alauita con la cuestión saharaui de por medio.
Pero lejos de una respuesta firme y determinante por parte de España, la crisis migratoria se saldó con la devolución en caliente de miles de inmigrantes, la acogida de los que eran menores de edad, a quienes se les aplicó una cuarentena según la regulación vigente por la COVID-19, y una partida de unos 30 millones de euros aprobados por el Gobierno español el 18 de mayo destinados a apoyar a Marruecos en el control de su frontera. Ese mismo día, una ochentena de personas más consiguieron cruzar ilegalmente en Melilla la frontera entre los dos países.
La crisis fue interpretada en España como una utilización de la presión migratoria por parte de Marruecos para ejercer presión política sobre el Gobierno español. El episodio puso de manifiesto hasta qué punto la cuestión del Sáhara Occidental condicionaba las relaciones entre ambos países y, al mismo tiempo, evidenció la importancia estratégica de Ceuta y Melilla en la relación hispano-marroquí.
Desde el estallido de la crisis con Marruecos, el Gobierno español hizo todo lo posible por restablecer las buenas relaciones con su vecino del sur, pero, para empezar, Pedro Sánchez tenía que dar muestras de su servilismo hacia el reino alauita y esto pasaba inefectivamente por entregar en bandeja de plata la cabeza de la ministra González Laya a Mohamed VI. Sánchez no dudó en cesar de su cargo, el 12 de julio, a la ministra responsable de haber gestionado el asunto de Gali. En su lugar, el presidente del Gobierno español ofreció la cartera de Exteriores a José Manuel Albares, a quien había nombrado embajador en París y ante el Principado de Mónaco en 2020. Pedro Sánchez sabía muy bien a quien ponía al frente del Ministerio, pues Albares estaba casado entonces con Hélèn Davo, jueza francesa y asesora de Emmanuel Macron, un vínculo con el que el nuevo ministro español logró tejer buenas relaciones con las autoridades de Marruecos.
La crisis se cerró progresivamente con la normalización de las relaciones bilaterales, que culminaría en marzo de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición que tradicionalmente había mantenido España en el conflicto del Sáhara Occidental y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.
Aquel episodio sentó un precedente en las relaciones entre España y Marruecos y, como entonces, la actual crisis migratoria, provocada por la entrada masiva de unas 72.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio, tampoco parece resolverse con la actual claudicación del Gobierno español ante lo que se presenta como un nuevo episodio de presión por parte de Mohamed VI. Esta respuesta difícilmente bastará para contener las aspiraciones expansionistas de la monarquía alauita. El régimen marroquí se siente impune y, con el actual contexto internacional, también plenamente respaldado por la Administración Trump, Israel y una creciente alianza de gobiernos que alimentan y se suman a la actual ola reaccionaria global.
En definitiva, Ceuta ha ocurrido porque, a Marruecos, no se le ha parado los pies con el Sáhara Occidental.
[1] Aunque Ceuta y Melilla se encuentran geográficamente en el continente africano, nunca formaron parte del Protectorado español de Marruecos, establecido en 1912. Ambas ciudades se encontraban bajo soberanía española desde mucho antes: Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497, mientras que Ceuta, de origen portugués, quedó bajo la Corona española en 1580 y permaneció definitivamente vinculada a España tras la separación de Portugal en 1640.
[2] Algunas versiones o interpretaciones posteriores del concepto de Gran Marruecos incluyen las Canarias, junto con Ceuta, Melilla y las demás plazas españolas, como parte de una concepción territorial más amplia. Pero esto no debe confundirse con las reivindicaciones originales y documentadas de Al-Fassi.