Mañana 1 de octubre, más de 5 millones de catalanes han sido llamados por el Govern de la Generalitat a votar en el referéndum por la autodeterminación de Catalunya. Pero el Estado español ha puesto en marcha toda su maquinaria política, judicial y policial para intentar impedirlo. Ambos gobiernos llevan tiempo practicando el funambulismo sobre la delicada línea que separa lo legal de lo que no lo es tanto, llegando, incluso, a traspasar este límite y cuestionando si hay algo legítimo que está, en ocasiones, por encima de lo legalmente establecido. Pero la Historia nos enseña que la consecución de las aspiraciones de un pueblo a través del derecho a decidir conduce a la resolución pacífica de un conflicto mientras que lo contrario enquista el problema y la confrontación.

 

Existe el consenso de que más del 80% de los catalanes está de acuerdo con la celebración de un referéndum pactado y con garantías para decidir si Catalunya debe ser o no un Estado independiente. Si la inmensa mayoría de un pueblo en un mismo territorio quiere pronunciarse en un asunto tan relevante, la respuesta de un Estado democrático no puede ser otra que una solución política.

Lo hemos visto en Canadá y Reino Unido, dos  democracias maduras y muy instauradas que han pactado sendos referéndums en alguno de sus territorios. Permitieron, respectivamente, que el Quebec y Escocia se pronunciasen a favor de una posible independencia. En Quebec, incluso, se llegó a celebrar un segundo referéndum años más tarde. En todos ellos, no ganó la opción de la independencia.

En otros territorios, por el contrario, no se dan las condiciones mínimas democráticas para una consulta de este tipo. El mundo, en sus infinitas latitudes, nos ofrece muchos ejemplos al respecto. En este mismo espacio, por ejemplo, continuamente tratamos el caso del referéndum del Sahara Occidental, ninguneado año tras año por las Naciones Unidas (NNUU) y con el añadido de que el Reino de Marruecos, como país ocupante, no sólo priva de democracia al Sahara ocupado sino que, además, reprime a la población civil saharaui violando sistemáticamente sus derechos más fundamentales.

El nivel de democracia de un Estado bien podría medirse con la aceptación, o no, por parte de un Gobierno de un referéndum vinculante y con garantías para una población de un territorio en cuestión que lleva tiempo reclamándolo. ¿Y dónde se situaría España en esta escala? ¿Está al nivel esperado para responder con solvencia suficientemente democrática ante este reto político que tiene pendiente desde hace tiempo con Catalunya?

Vaya por delante que no se intenta equiparar la situación de cada país y territorio con otro, puesto que cada conflicto tiene su especificidad y – por supuesto, unos más que otros – su particular gravedad. Pero todos deberían gozar de la misma oportunidad para poder manifestarse y expresar democráticamente su voluntad.

En España, una democracia aún joven e inmadura, existen algunas reminiscencias de los 40 años de dictadura franquista que siguen haciendo mella en algunas concepciones del Estado y, más concretamente, en su vertebración plurinacional, algo de lo que se ha querido obviar intencionadamente con demasiada frecuencia. En consecuencia, la aceptación de un referéndum de autodeterminación para Catalunya se percibe como algo fuera de lugar aún cuando una mayoría de la población del territorio catalán lo está reclamando desde hace años.

El Estado español, por su parte, se ha negado, desde un principio, a una salida negociada al conflicto. En su lugar, ha optado, en estas últimas semanas, por una respuesta represiva mostrando que su única oferta para Catalunya son la detención de altos cargos de la Generalitat, citación de más de 700 alcaldes ante la Fiscalía, cierres de webs y otras medidas que ponen en riesgo los derechos y libertades de las personas.

Ha optado por no resolver este conflicto por las vías políticas y lo único que ha conseguido con el envío masivo de policías nacionales y guardias civiles desde el resto del Estado a Catalunya ha sido movilizar más la intención de voto. De hecho, una encuesta de GAPS a la que ha tenido acceso eldiario.es prevé una participación del 63% de la población. El estudio destaca que la cifra de catalanes que acudirían a votar se ha disparado en más de 600.000 personas en las últimas dos semanas en reacción a la actuación del Estado.

Precisamente esta semana, hemos visto como el pasado lunes 25 de septiembre se celebraba un referéndum de autodeterminación en Oriente Medio. Bastante más fácil lo han tenido los kurdos del Kurdistán iraquí. Nadie diría que el nivel de democracia en Irak es mayor que en España, pero la abrumadora mayoría kurda en el territorio y la autonomía que goza la región desde la primera guerra de Irak, ha permitido que el Gobierno estatal iraquí no haya podido impedir la celebración de esta consulta, en la que obtuvo una aplastante mayoría la opción del “sí”, con un 92%, a un Kurdistán independiente. El problema que tienen ahora los kurdos es el reconocimiento de esta soberanía por parte de las principales potencias. Veremos qué ocurre.

Pero en la escala inferior en el nivel de democracia, se encuentra la que aplica Marruecos en el territorio del Sahara Occidental que ocupa militarmente desde su invasión, en 1975. El régimen alauita impone, desde entonces, la barbarie sobre la población civil saharaui en el territorio, quien sufre de la represión constante por parte de las autoridades de ocupación marroquíes convirtiendo a los saharauis en ciudadanos de segunda en su propia tierra.

Los saharauis llevan un cuarto de siglo pidiendo la celebración de referéndum de autodeterminación, una promesa que las Naciones Unidas le hicieron al Polisario para convencerle para que dejara las armas y firmara, junto a Marruecos, el Plan de Paz. Aquella promesa se materializó con la resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad, que contemplaba la creación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y la celebración de dicho referéndum en enero de 1992.

Pero el pasado 6 de septiembre, se cumplieron 26 años desde que entrara en vigor el alto el fuego pactado en aquel acuerdo de paz y los saharauis aún siguen esperando ese referéndum.

Lejos de trabajar para la consulta, Marruecos ha estado torpedeando las posibilidades de su celebración desde el mismo momento de la firma del Plan de Paz. En ese sentido, la comunidad internacional y, en especial, la ONU son cómplices de esta maniobra al no dar cumplimiento a la legalidad internacional.

Aún así, el Frente Polisario continúa en su batalla diplomática para conseguir que un día se celebre dicho referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Si sus reclamaciones no son escuchadas, los saharauis se verán empujados a buscar otras vías para la consecución de sus aspiraciones como pueblo.

Es a lo que se ha visto obligado a hacer el pueblo kurdo del Kurdistán iraquí, aunque su situación es inmensamente más favorable. Y es a lo que están empujados a intentar, los que puedan, todos los pueblos que aspiran a ejercer su derecho a la libre determinación.

Cualquiera de estos referéndums debería de poder celebrarse dentro de un marco legal normalizado. Por supuesto que se necesita de la colaboración de cada Estado para su buen desarrollo y funcionamiento, pero en demasiadas ocasiones no es así. En el caso de Catalunya, por ejemplo, el Govern se ha encontrado con la rotunda negación del Gobierno estatal para acordar cualquier consulta de este tipo. Y la nación catalana necesita saber cuántas personas optan por la independencia y cuántas no. A día de hoy, por la negativa constante del Estado, es imposible cuantificar este dato.

En consecuencia, el Govern de la Generalitat ha entendido que el Gobierno de Mariano Rajoy no le ha dejado otra alternativa que organizar unilateralmente un referéndum de autodeterminación. No es el referéndum que le gustaría que fuese, pero está decidido a llevarlo a cabo mañana a pesar de que la reacción del Estado en estas últimas semanas hace que no se logren cumplir las mínimas condiciones que se recogen en la Comisión de Venecia.

El espacio político dels comuns no está de acuerdo con la hoja de ruta de la unilateralidad en esta convocatoria por parte del Govern pero entiende que la ciudadanía debe movilizarse para ir a votar no sólo como demostración de fuerza de una sociedad unida y mayoritaria, sino también para denunciar la respuesta represiva del Estado. De hecho, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado una carta a los alcaldes de las 27 capitales de la Unión Europea (UE) explicando la situación que se está viviendo en Catalunya y reclamando una solución dialogada donde, una vez pasado el 1 de octubre, la Comisión Europea abra un espacio de mediación entre el gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat. En cualquier de los escenarios que se presenten a partir de mañana, este espacio de mediación debe existir y Europa no puede mantenerse al margen.

Por su parte, el resto de partidos representados en el Parlament de Catalunya – Ciutadans (C’s), Partido popular (PP), y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) – han llamado a la no participación al no reconocer la legalidad de este referéndum, aunque, en estos últimos años, el PSC sí que se había posicionado a favor de uno acordado con el Estado.

Se puede decir que el Estado español es coherente en su negativa a las celebraciones de referéndum. No solamente se lo niega a Catalunya sino que también lo impide al pueblo saharaui con la pleitesía mostrada al Reino de Marruecos año tras año en las sesiones de la ONU que tratan el contencioso. En lugar de ello, debería liderar la aplicación de la legalidad internacional en el Sahara Occidental en su condición de potencia administradora del territorio, condición que le otorga el dictamen de 2002 del entonces asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell.

Pero si hemos entrado a comentar la coherencia en el déficit de democracia en el caso del referéndum en Cataluya y en el del Sahara Occidental, no sería justo no entrar también en las contradicciones del propio Govern de la Generalitat respecto al conflicto sahariano.

A pesar de que uno de los partidos que integran la coalición de gobierno Junts pel Sí, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha estado siempre del lado de los saharauis, de la misma manera que lo han estado las CUP, la formación que da apoyo al Govern en el proceso independentista, no ha sido así con el partido del president Puigdemont. Cuando el Partit Demócrata de Catalunya (PDeCat) era la Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de Mas, siempre ha supuesto una dificultad para el apoyo que, desde Catalunya, se ofrecía al pueblo saharaui. En el marco institucional, dan cuenta de ello un par de mociones presentadas al Parlament y que fueron rechazadas gracias a la mayoría de Convergència i Unió (CiU) con el respaldo de algún otro partido.

En la primera de estas mociones, de 2014, se reclamaba el derecho de autodeterminación no sólo para el pueblo saharaui, sino también para el kurdo y el palestino. La moción no se llegó a aprobar por la negativa de CiU y PP. La otra moción fue al año siguiente, en 2015, en la que se proponía el apoyo de la institución al activista saharaui Hassana Aalia, a quien, en aquel momento, el Estado español le estaba negando la condición de asilado político. Al final, no sólo no hubo moción en favor de Hassanna, sino que éste tuvo que escuchar de la parlamentaria de Convergència i Unió (CiU), Anna Solé, que su grupo no podía apoyar la iniciativa porque se estaba “en un momento difícil” y que, por cuestiones económicas, no harían nada que pusiera en riesgo las relaciones con Marruecos porque es un socio preferente y ejerce mucha presión.

Ahora, con ERC en el Govern, parece que el pueblo saharaui vuelve a ser beneficiario de cierto apoyo y solidaridad de la que había carecido estos últimos años por parte de la Generalitat.

…

Acabo de recibir un whatsapp. Bueno, realmente es un bombardeo continuo desde hace días, aunque no suelo hacer caso a casi ninguno de ellos. Pero éste me llama especialmente la atención. Un amigo de edad – a quien aprecio y procuro escuchar siempre – me hace una reflexión sobre lo que está ocurriendo estos días en las calles de Catalunya. Cree que en un movimiento popular como el actual, están confluyendo tres sensibilidades: la independentista, la referendista y la antineofranquista, y que uno se debe posicionar ante lo que es. Esto explicaría la masa ciudadana echada a la calle estos días. Y es que esto ya no va sólo de independencia sí o no, sino de democracia.

En estas últimas semanas, la situación se ha ido tensando mucho, y tanto el Estado como la Generalitat han puesto toda la carne en el asador con tal de, el uno, impedir por casi cualquier medio – de momento – la celebración del referéndum y, la otra, de llevarlo a cabo por cualquier método siempre que éste sea pacífico.

Parece claro que la batalla mediática y de imagen en la prospección internacional la está ganando la movilización ciudadana que pretende votar mañana libremente con el fin de decidir su futuro institucional. Pero también nadie espera que el Estado se quede parado esperando a que transcurra la jornada tranquilamente y sin que se produzca ninguna reacción policial al pulso democrático en este momento de excepcionalidad.

Nadie sabe bien qué pasará mañana. Bueno, hoy, puesto que ya son altas horas de la noche. Veremos qué nos encontramos en las calles al despertarnos. Especialmente, en los colegios electorales, que han sido ocupados durante toda la noche por muchos catalanes favorables a la consulta haciendo guardia con el fin de asegurarse de que permanezcan abiertos por la mañana y facilitar, a quien quiera, que pueda ejercer su derecho de la libre expresión. Veremos. Buenas noches.